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Jueza Awilda Reyes dejó en libertad a implicados en red de narcotráfico internacional
Por Kharla Pimentel /Acento.com.do. 16 de noviembre de 2015 - 5:19 pm - 19
Reyes Beltré es señalada como una de las juezas pertenecientes a una supuesta estructura de poder liderada por Francisco Alberto Valera Arias, ex-titular del Consejo del Poder Judicial, ex-Juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, y quien renunció la pasada semana del puesto.

Foto: Carmen Suárez/Acento.com.do / Jueza Awilda Reyes Beltré.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Distrito, Awilda Reyes Beltré, no es una palomita inocente según el informe enviado por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que la involucra en manipulación de casos judiciales.

Reyes Beltré es señalada como una de las juezas pertenecientes a una supuesta estructura de poder liderada por Francisco Alberto Valera Arias, ex-titular del Consejo del Poder Judicial, ex-Juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, y quien renunció la pasada semana del puesto.

Entre los casos que muestran manipulación de los fallos por parte de Awilda están los siguientes:

El 27 del mes de octubre del año 2011, actuando como Juez Interina del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la magistrada Awilda Reyes Beltré, mediante Resolución No. 206-RO-2011, varió la medida de coerción consistente en prisión preventiva por presentación periódica y garantía económica en la modalidad de contrato de fianza a los imputados Miguel Ángel Espinal Herrera, Félix Evangelista Sánchez Crispín, Freddy Antonio Martínez y Roberto Antonio Mendoza Manzano, quienes estaban acusados de haber violado la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, pese a que a éstos en esa instancia de instrucción regularmente constituida por su titular en varias ocasiones le había sido negada tal solicitud, este proceso involucraba el tráfico internacional de sustancias contraladas de 40.12 kilogramos de cocaína cloridratada.

La red coordinaba transportar la droga en una lancha desde la Provincia de Santo Domingo hasta Puerto Rico.

El Primer Tribunal Colegiado condenó a los citados imputados a cumplir 8 años de prisión al ser declarados culpables de los hechos que le fueron sindicados en la acusación del ministerio público.

En un mismo accionar, la ya juez de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, magistrada Awilda Reyes Beltré, mediante Sentencia No. 094-2015 (Acción de Amparo) el día 7 del mes de julio del año 2015, ordenó la devolución inmediata al señor José Bacile Bacile, de la aeronave incautada mediante orden judicial de secuestro Cessna 550, matrícula N61MA, cuya propiedad se atribuye al fugitivo presidente del quebrado Banco Peravia, José Luís Santoro Castellanos, investigado junto a 9 personas más por incurrir en acciones de lavado de activos y otras infracciones graves, a su vez, la magistrada condenó a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, al pago de un astreinte de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00), diarios por cada día de retardo, en la entrega de la aeronave.

Esto, no obstante, a que en marzo de este año, cuatro pilotos venezolanos habían arribado al país e intentaron junto a dos técnicos dominicanos llevarse la aeronave, siendo detenidos en el acto en el Aeropuerto Internacional La Isabela Dr. Joaquín Balaguer (El Higüero) por miembros del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación civil (CESAC).

En relación a este caso, la magistrada juez de la Oficina de Atención Permanente de la Provincia de Santo Domingo, les dictó a los involucrados como medida de coerción tres meses de prisión preventiva. Pese a ello, y a que el señor José Bacile Bacile, reconoció que él fue quien envió e instruyó a los pilotos y técnicos para sacar del país la aeronave, la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré, dispuso a su favor la devolución del avión.

Al mes siguiente, en fecha 20 del mes de agosto del año 2015, la magistrada Awilda Inés Reyes Beltré, conoce una acción de amparo que culmina con la Sentencia No. 118-2015, mediante la cual ordena devolver la suma de veinte millones de dólares americanos a favor de la razón social Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar, propiedad del ciudadano español Arturo Del Tiempo Marqués, condenado por narcotráfico en España, a la vez que condenó al Banco de Reservas de la República Dominicana y a su administrador, Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana, al Ministro de Hacienda, al pago de un astreinte de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia.

Esta decisión, es a todas luces desproporcionada y alejada de los principios fundamentales que rigen el derecho civil y penal y se torna muy alejada de la función natural de un juez de amparo llegando a lesionar con ella intereses de la sociedad en beneficio de particulares, vinculados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

Mediante Sentencia No. 151-2015 de Habeas Corpus, la jueza Awilda Inés Reyes Beltré, ordenó la inmediata puesta en libertad del regidor del municipio Pedro Brand de la Provincia de Santo Domingo, Erinson de los Santos Solís, también conocido como Ney, declarando arbitraria su privación de libertad.

El regidor está siendo investigado por dirigir una organización criminal dedicada a invasión de terrenos, actividades de secuestros, extorsión y asesinato de miembros de transporte público, le había dictado mediante Resolución No. 670-2015-0292, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en fecha 11 del mes de febrero del año 2015, medida de coerción consistente en doce meses de prisión preventiva.

Sin embargo, la magistrada ordenó la puesta en libertad de este regidor, desconociendo que existen múltiples decisiones de tribunales de diversos grados sustentadas en hechos y derechos rechazando acciones de hábeas corpus, solicitudes de revisión y recurso de apelación sobre la legalidad de la prisión en el caso en cuestión.

Jueza trabaja con normalidad

Horas antes de la divulgación del informe enviado por Domínguez Brito al Consejo del Poder Judicial que comunica sobre el inicio de investigación de acción penal pública a jueces y ex jueces del Poder Judicial por hechos de prevaricación, tipificados en los artículos 181 y 183 del Código Penal dominicano, Reyes Beltré trabajaba con normalidad en su oficina.

Según informaciones ofrecidas tras ser requerida por el equipo de Acento, la jueza se encontraba en su despacho. “Ocupada”, fue lo respondido por la magistrada a través de la secretaria del juzgado y no ofreció información alguna.

DOCUMENTO ENVIADO POR DOMINGUEZ BRITO A CONSEJO DEL PODER JUDICIAL: