Oscar López Reyes, escritor y periodista
Durante el período histórico 1899-1933, Cuba implementó una política migratoria de “puertas abiertas”, que fue aprovechada por miles de haitianos para laborar en la agroindustria azucarera y en la recolección de café. Los primeros haitianos arribaron en 1889, en 1900 subieron a 5 mil y en 1913 a 280 mil.
Para garantizar trabajo e ingresos a las familias cubanas, como debe ser, en 1933 fueron dictadas leyes sobre inmigración y repatriación forzosa, respaldadas por los sindicatos y los partidos revolucionarios, que asumieron el compromiso de cortar la caña, en el mástil de la cubanización de la mano de obra.
En cumplimiento estricto de estas disposiciones legales, en 1933 fueron repatriados a Haití más de 70 mil de sus nacionales. Esta política ha sido mantenida, desde 1959 hasta el 2020, por el gobierno revolucionario de Cuba, el más solidario del universo.
En 1993 arribaron a playas de Cuba 460 haitianos, “enfermos, hambrientos y vistiendo harapos”, y el entonces presidente socialista de la isla más cercana de Haití, el gran Fidel Castro, expresó que ellos “están siendo atendidos en nuestros hospitales, en donde se les están administrando los medicamentos necesarios, buena alimentación y nuevas vestimentas”.
Desde que fueron estabilizados corporalmente, los reembarcaron en sus reacondicionados botes y remolcados por lanchas de la Marina, hasta las proximidades de las costas de Haití.              
Cuatro años después -1997- miles de haitianos fueron capturados en aguas marítimas cubanas y encerrados en la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo. A la mayoría los regresaron a casa, aunque en febrero de ese año terminaron en República Dominicana, por un “acuerdo” entre los gobiernos de las dos naciones que comparten la isla.
Los de la patria de Toussaint L’ouverture y Jean Jacques Dessalines no son acogidos en Cuba porque desangran los servicios de salud, educación, empleo y otros de carácter social, en desmedro de los oriundos, y representan una carga para su erario público. Lo mismo ocurre con Bahamas, Trinidad y Tobago, y las Islas Turcas y Caicos, donde son observadas las normas inmigratorias y aplican multas en efectivo y penales a los empresarios que emplean ilegales extranjeros.
Aunque envía a Haití brigadas médicas, educativas y otras, Cuba no acoge a haitianos, y las islas caribeñas citadas no se amedrentan ante propuestas y presiones de organismos internacionales y de Estados Unidos porque –además- entienden que son un desafío para su seguridad nacional.
La República Dominicana está amenazada por una posible penetración masiva de vecinos, abrumados por el hambre. Si no refuerza su control migratorio ni cuenta con un plan de contingencia para evitar una matanza, sobrevendrán campañas de descrédito y condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.