Fiscalía con “papa caliente” sobre Leonel y la Funglode Escrito Por: Nicanor Leyba // 2013/02/13 //

Fiscalía con “papa caliente” sobre Leonel y la Funglode
 Escrito Por: Nicanor Leyba // 2013/02/13 //

Guillermo Moreno deposita denuncia en contra de Leonel Fernandez (FUNGLODE) - LC (3)
 El abogado y excandidato presidencial Guillermo Moreno García colocó al aparato judicial ante la responsabilidad de decidir si procede enjuiciar a Leonel Fernández por la supuesta forma irregular en que el expresidente obtuvo recursos millonarios para Funglode, la influyente fundación académica y de debates.

 Las maquinarias, acusatoria y de defensa, están aceitadas por si la Fiscalía del Distrito Nacional decidiera presentar cargos ante los tribunales contra el ex presidente Leonel Fernández, acusado por el abogado Guillermo Moreno García de enriquecerse con recursos provenientes del Estado y canalizados a través de su fundación personal.
La acción que busca llevar a juicio al exgobernante, por supuesto aprovechamiento de sus funciones de Estado para beneficio personal, constituiría una batalla campal en el plano jurídico, aunque desde ya la lucha se libra en el terreno político.
 Mientras el querellante cuenta con los servicios de los abogados Cristóbal Rodríguez Gómez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez y entre todos promueven su acción en los medios de comunicación, el ex procurador general Radhamés Jiménez Peña organiza los argumentos de defensa y articula el cuerpo de juristas que los asumiría.
Guillermo Moreno deposita denuncia en contra de Leonel Fernandez (FUNGLODE) - LC (22) Guillermo Moreno García presenta la querella contra Leonel Fernández y la Funglode. La querella contra Fernández y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode) está en manos de la fiscal del Distrito, Yeni Berenice Reynoso, una de los representantes del Ministerio Público que no fueron designados por orden del Presidente, sino escogidos por concurso.
El planteamiento principal de Moreno García es que Fernández utilizó su influencia como jefe de Estado para agenciar recursos para su fundación, que terminó usando para beneficio personal. Sostiene que el canalizar fondos millonarios a través de Funglode le permitió hacer declaraciones juradas de bienes muy inferiores a los que en realidad percibió en su primer mandato. La querella plantea además que la Funglode recibía fondos de distintos ministerios –como Salud Pública, Educación y Obras Públicas– en pago a cursos de formación de empleados. Incluso, reseña un giro de RD$250,000 del Banco Central para que sus ejecutivos pudieran participar en la “cena bailable” del Torneo de Golf 2006 de la fundación.

Un equipo estudia las réplicas para los distintos tipos de delitos atribuidos al presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Jiménez Peña, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y compañero del expresidente en el bufete Fernández y Asociados, confió a este medio que está a cargo de la estructuración de la defensa.

La oposición.
Con esta acusación, el presidente del Partido Alianza País (Alpaís) asume la principalía en la oposición política, en momentos en que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la organización mayoritaria, se desgasta en divergencias y agresiones internas. A propósito, el 16.5% de la población ve a Alpaís, que incluso perdió su personería jurídica en las últimas votaciones al sólo sacar 1.37% de los votos, como la fuerza que hará competencia al PLD en los comicios de 2016, según una encuesta aplicada entre el 28 y el 31 de enero por la agencia NewLink y difundida por el diario Hoy. El 54.8% dijo que el PRD. Ese mismo periódico publicó la encuesta Gallup, en la que Alpaís apenas cuenta con 1.9% de las preferencias, aunque con ventaja sobre los demás partidos alternativos o minoritarios.
 Aunque en el otro juicio, el político, los defensores atribuyen a Moreno García la intención de crecer como aspirante presidencial a expensas del descrédito de Fernández, la posición crítica del primero ante el segundo representa una constante desde que el líder del PLD lo sustituyó en el cargo de fiscal del Distrito por el actual procurador Francisco Domínguez Brito.
En una entrevista a Adriana del Conte, publicada en la sección El Domingo, de Listín Diario, en junio de 2000, Moreno García reveló que antes de destituirlo como fiscal del Distrito, el presidente Fernández lo llamó una noche por teléfono desde el Palacio Nacional para gestionar la libertad de Manuel (Tete) Antún Batlle, detenido entonces junto a Pedro Julio Goico (Pepe) y el haitiano Frederick Mazourka por un presunto fraude millonario en la Lotería Nacional. Moreno García, nombrado por Fernández como fiscal en 1996 y destituido un año después, sostuvo entonces que “los planteamientos del gobierno de Leonel Fernández contra la corrupción fueron toda una farsa conscientemente asumida”. En 2012, el exfiscal presentadó sin éxito ante la Procuraduría General una denuncia penal contra el expresidente peledeísta, así como contra Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, con el propósito de que los tres fueran investigados como principales responsables del déficit fiscal de más de RD$187 mil millones que heredó la gestión de Fernández a la de Medina.
Ahora presenta en su querella al exgobernante como autor del delito de concusión, tipificado cuando una persona utiliza un cargo público para exigir pagos a particulares mayores a los que exige la ley; de incurrir en actividades incompatibles con la función pública; de perjurio, consistente en declarar por juramento un dato falso; de incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas, y de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
 En el caso de la Ley 72-02, sobre lavado de activos, las penas van desde cinco hasta 20 años de prisión. Cuotas a contratistas. En la primera parte, el documento de la querella perfila a un Fernández que crea la Funglode en los últimos meses de su primera gestión (agosto 1996-agosto 2000) y se beneficia de su posición. Con decenas de documentos y copias de cheques, Moreno García muestra que Fernández siempre tuvo la dirección de esa institución, aun cuando, en principio, quien figuraba como presidente era su funcionario Temístocles Montás, hasta diciembre de 2000. Plantea que en sus inicios Funglode manejaba sus fondos millonarios en cuentas de terceras personas, para eludir la fiscalización de que era pasible. Por esa vía recibía las donaciones que le hacían, como si fuese una cuota o una comisión, diferentes compañías que habían sido favorecidas con contratos para construir obras del Estado.
En un solo día, Funglode recibió 15 transferencias de RD$1 millón cada una, según una copia de depósitos bancarios que muestra el denunciante. Las primeras donaciones llegaron a la cuenta de Manuel Alejandro Rodríguez Casado, registrada en el luego quebrado Banco Intercontinental (Baninter) con el número 0-652736-00-9, creada el 14 de abril de 2000. El 14 de junio de 2000, el Grupo Modesto, responsable de la carretera San Cristóbal Baní, realizó una trasferencia de un millón de pesos.
También JM Constructora, subcontratista encargada del asfalto y otros materiales en el citado tramo carretero, aportó un millón de pesos el 15 de junio de 2000, cuando Fernández todavía era Presidente.
 La Funglode y sus donantes también recurrieron a depósitos con cheques certificados, para sustituir efectivo y evitar –según Moreno García– la identificación de la fuente. Cita como ejemplo uno trasferido el 15 de agosto de 2000. La cuenta de Rodríguez Casado recibió recursos mediante depósitos y créditos por RD$66,622,292.
En cambio, después de dejar la Presidencia, en agosto de 2000, Fernández declaró un patrimonio ascendente a RD$10 millones, lo que Moreno García entiende como perjurio, porque obviaba fondos mucho mayores que manejó a través de su fundación.
Cuentas de terceros.
Moreno García documenta que el 15 septiembre de 2000, la Funglode cancela la cuenta de Manuel Rodríguez Casado y crea, el 19 de septiembre de 2000, la cuenta 0657092-00-2, a nombre de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte Hernández. “El manejo de fondos a través de esta cuenta registrada como si fueran recursos propiedad de las personas físicas Marilis y Luisa tienen la característica de que la fundación no se veía expuesta o más bien evadía cualquier tipo de responsabilidad porque no era ella la que figuraba como la titular (dueña) de esos recursos”, alega el querellante. “Recordemos que esta cuenta heredó, continuó y se alimentó de recursos provenientes de la cuenta de Rodríguez Casado, que a su vez cobijó los fondos percibidos mientras Fernández era presidente de la República, cuenta ésta que fue cerrada luego de que Fernández saliera del poder”, agrega. Fernández asumió formalmente la presidencia de esa organización no gubernamental el 22 de diciembre de 2000. Moreno García, su ex fiscal, presenta copias de tres cheques en los que recibió dinero de la Funglode, desde la citada cuenta en pesos. El 27 de marzo de 2001, uno de RD$60,058; otro de RD$44,573, el 24 abril de 2001, y un tercero de RD$60,215, el 27 de mayo de 2002. Con base en los fondos de la cuenta de Marilis y Luisa, la Funglode pagó al menos RD$15 millones para trabajos relacionados con su sede actual, pero no de manera directa, sino depositados a nombre de Maritza López y/o José Abreu, quienes luego pagaban a los suplidores. López dirige el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI) y fundó, junto a Abreu, el Partido Alianza Liberal (PAL), tradicional aliado electoral del PLD.
Félix Bautista y sus empresas. Moreno García plantea que con el regreso de Fernández al Poder Ejecutivo (para los períodos 2004-2008 y 2008-2012) el político y abogado se valió del hoy senador por el PLD Félix Bautista para crear o propiciar empresas que ganaron recursos económicos por sus servicios de obras públicas y captar dinero a través de ellas para la Funglode, con montos que en su registro suman RD$45 millones. Con una serie de documentos, Moreno García enumera una lista de empresas que atribuye a Bautista, algunas de las cuales no figuran en su declaración jurada de bienes de 2010 y que fueron favorecidas con asignación de obras del Estado cuando el hoy senador de San Juan y colaborador cercano de Fernández era supervisor de Obras del Estado, con rango de ministro. Entre otros elementos, el querellante se vale de los registros de millonarias transferencias bancarias para establecer la relación entre las empresas Rofi y Hadom, reconocidas como patrimonio de Félix Bautista, y Doce, Inversiones Corporativas y otras, no declaradas. Hadom-Haití, dice Moreno García, “se maneja inyectando recursos a otras relacionadas, cuyas economías se entrelazan y se colocan en red, conformando un solo patrimonio o fondo económico”. Entre los ejemplos cita una transferencia de Hadom-Haití a Inversiones Corporativas de US$450 mil. Transacciones para Funglode: -22 de agosto de 2011. Hadom transfiere RD$11,275,000 (Diseño de Obras Civiles y Electo). -22 de agosto de 2011. Doce emite un cheque de RD$5,250,000 a favor de Funglode. -22 de agosto de 2011. Doce compra en el Banco de Reservas tres cheques de administración a favor de Funglode, cada uno de US$52,500, que suman US$157,500, cerca de RD$6 millones.
Las dos donaciones de Doce suman la misma cantidad que le pasó Hadom, reconocida por Bautista. La lista que Moreno García atribuye a Bautista sigue con las empresas Construcciones y Diseños RMN, Inmobiliaria Diseño y Presupuesto de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología (Diprecalt), Ozoria y Asociados, Constructora Imperial, Constructora Infepre (Ingeniero Felipe Prescinal) y Constructora Mar. El documento plantea también que durante el segundo y tercer mandatos de Fernández prestadores de servicios al Estado “se veían precisados o impulsados” a realizar contribuciones o aportes al jefe de Estado a través de su Funglode. Presenta un cheque de un millón de pesos de parte de Edificaciones y Carreteras, del 17 de octubre de 2008, y otro por igual cantidad del 4 de noviembre de 2010. El Estado paga.
 El presidente de Alianza País cita fechas, montos y números de cheques con los que sostiene que las instituciones públicas se constituían en clientes de los cursos y postgrados que ofrece la fundación del entonces presidente de la República. En la lista figuran el Banco de Reservas, el Ministerio de Educación y el de Salud Pública. Pero además patrocinaban actividades de la fundación. “El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en fecha 28 de diciembre del año 2005 emite el cheque No. 2932 a favor de Made Eventos, por un monto de RD$453,720.00, por concepto del pago de factura No. 000137, por regalos navideños de Fundación Global”. También el Banco Central, “en fecha 3 de mayo de 2008 (…) pone en marcha la entrega de RD$250,000, para ser recibidos por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, por concepto de pago por participación en la cena bailable de premiación de la Copa Funglode 2006”.

La defensa
La querella que presentó Guillermo Moreno García “es irreflexiva, engañosa, maliciosa y tiene todas las características de una acción jurídica temeraria, interpuesta de mala fe”, sostiene Blas Minaya, presidente de la corriente de abogados Dignidad Jurídica, filial del oficialista PLD. Estima que Moreno García compromete su responsabilidad y se convierte en sujeto de una demanda en reparación de daños y perjuicios a la que tendría que responder con su patrimonio presente y futuro. Descalifica el documento de cerca de 100 páginas, por considerarlo una serie de actas de asambleas y copias de cheques que no prueban que detrás de las transacciones realizadas a favor de la Funglode exista delito. “Esos cheques no demuestran bajo ningún concepto la existencia de ilícito penal alguno”.
Su visión sintoniza con las declaraciones del exvicepresidente Rafael Alburquerque (2004-2012), quien sostuvo que la acusación no prosperará. “Así como fue rechazado el sometimiento anterior, éste también tendrá que ser rechazado; todo el mundo conoce la honestidad, seriedad y prestigio bien ganado, por el trabajo que ha hecho a favor de su pueblo, que tiene el doctor Leonel Fernández”, declaró Alburquerque. Minaya sostiene que la fiscal del Distrito debe archivar el caso. “La ley es clara y el Código Procesal Penal lo establece: El Misterio Público sólo está obligado a investigar de manera profunda, de manera acabada de manera completa, cuando existe suficientes elementos fácticos que permitan presumir con certeza la existencia de un ilícito penal”. En su argumentación no falta el elemento de la lucha política. Igual que alegó Alburquerque, sostiene que el querellante, al que atribuye poca experiencia como abogado, “pretende crear liderazgo sobre la base del descrédito de líderes que sirven de orgullo a la nación dominicana”. Advierte también a los dirigentes de las dos facciones antagónicas del PRD que traten de evitar que el ex fiscal encuentre apoyo en el seno de esa organización opositora, porque Moreno García puede luego querer desplazarlos de sus espacios en la oposición.
Ante la pregunta de si cree que es factible que una empresa favorecida con un contrato de obras para el Estado done, sin coacción alguna, un millón de pesos en una sola transferencia a la fundación del Presidente, Minaya responde con un argumento técnico jurídico. “Esas son presunciones subjetivas, fíjese que la Funglode constituye un ente jurídico totalmente diferente al presidente Fernández, (hay) una persona física y una persona jurídica (…) No hay forma de comprobar la existencia de delito, que haya sido como consecuencia de favorecer a una empresa (contratista)”.
Para él no hay concusión, no hay prevaricación, tampoco hay lavado de activos, porque el dinero donado no viene de acciones ilegales y no se da ninguna de las otras dos etapas de este delito, que son colocación y estratificación de los recursos. Los plazos Con base en el artículo 269 del Código Procesal Penal, Guillermo Moreno García advirtió que, una vez apoderada de la querella la Fiscalía del Distrito tiene la obligación de dar inicio a la investigación y, de considerar que falta algún requisito, pedir al querellante que complete su recurso, “en un plazo de tres días”. Explica que con la interposición de la querella se inició la fase preparatoria del caso, en la que el Ministerio Público debe levantar las pruebas, según el artículo 280. Si encuentra elementos suficientes, la Fiscalía deberá presentar acusación en un plazo de tres o seis meses, dependiendo de la medida de coerción que haya logrado para el imputado. (Art. 150). Moreno García presentó su querella el 24 de enero.
“Sin fundamentos”
El Consejo de Defensa del expresidente Leonel Fernández y la FUNGLODE aseguró en un comunicado que: “Los patrocinadores de la citada querella, en realidad, lo que procuran es un protagonismo mediático con fines eminentemente políticos, pretendiendo con ello desmeritar los valiosos aportes que durante más de una década, a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, le ha venido brindando a la sociedad dominicana el expresidente Leonel Fernández”.
El Consejo de Defensa lo encabeza el ex procurador general Radhamés Jiménez Peña, y lo integran Abel Rodríguez del Orbe, Olivo Rodríguez Huertas, Juan Antonio Delgado, Ramón Emilio Núñez, Raúl Martínez y Miguel Valerio.
Los juristas confirmaron que la Fiscalía le notificó la querella como un “simple trámite procesal” para poner en conocimiento y facilitar “los reparos de lugar”, y que demostrarán que “es una querella sin fundamento, temeraria e irresponsable”.
“Evidencia conductas criminales
“ Félix Damián Olivares, abogado penalista co-relator del Código Procesal Penal Dr. Felix Olivares - 03“Es una querella seria, fundamentada, que evidencia una serie de conductas criminales graves por definición, que merecen ser investigadas y completas en su contenido.
En este momento ya el Ministerio Público debía estar solicitando las auditorías forenses de todas las cuentas vinculadas al esquema de desfalco y legitimación de activos. Claro que procede que un ciudadano como Guillermo Moreno García presente la querella.
 La Constitución prevé que en materia de violación de los derechos humanos o en crímenes imputados a funcionarios públicos, cualquier ciudadano puede querellarse.
La Fiscalía del Distrito debe tomar medidas cautelares, como la congelación de cuentas (a Funglode y Leonel Fernández) y la realización de las experticias financieras, sin demora innecesaria.
 En el Código no está pautado taxativamente de manera explícita el plazo que tiene la Fiscalía para tomar una decisión respecto a la querella, pero en la práctica se espera que en un plazo de 72 horas después de recibirla exprese si la admite o no.
Luego de esa valoración inicial debe proceder a adoptar, si asume la querella como válida, la investigación tomando las medidas pertinentes para preservar las pruebas. Se trata de una denuncia seria, fundamentada y documentada como para que sea el punto central de la labor del Ministerio Público, por las implicaciones que conlleva y el mensaje que manda a la sociedad de que pueda articularse la lucha contra la corrupción”. • “Tiene calidad para querellarse “ Candido Simón Polanco, abogado penalista caso-tribunalGuillermo Moreno García, como cualquier ciudadano, cuenta con calidad y facultad legal para presentar la citada querella, con base en el Código Procesal Penal y la Constitución, explica el experimentado jurista Cándido Simón Polanco. El abogado, quien rehusó opinar sobre el contenido de la querella, por entender que esa es la atribución de la Fiscalía, especifica que el artículo 139 de la Constitución establece el derecho que tiene la ciudadanía a requerir el control de la legalidad en ejercicio de la función pública. Además el artículo 75, numeral 12, fija como un deber de la ciudadanía velar por una administración pública honesta y transparente, mientras el artículo 85, numeral 3, del Código Procesal faculta a cualquier persona para constituirse en querellante, cuando se trate de una presunta violación de derechos humanos o la imputación de malos manejos en la administración pública.
Estos artículos, “desde el punto de vista jurídico y constitucional, facultan a cualquier persona para querellarse contra un funcionario público o ex funcionario público”, amplía. El jurista agrega que el procedimiento implica notificar a la parte querellada y requerir su réplica con respecto a la imputación, de la que deberá mantener al tanto al querellante. Esa fase es secreta en cuanto a terceros, aunque con las notificaciones correspondientes a las partes. Para la audiencia preliminar la Fiscalía asume posición, porque mientras tanto, en la investigación, debe mantenerse en una posición equidistante.